OPINIÓN | Sólo por ser de Temucuicui

por Karina Riquelme Viveros

Detención de la hija de Jaime Huenchullán.

La criminalización es un hecho que existe y persiste en Wallmapu. Las causas que se materializan para perseguir a dirigentes mapuche han sido cuestionadas por el uso y abuso del derecho con que se realizan, ya sea invocando la ley antiterrorista, ya sea solicitando negar el acceso a la prueba, ya sea -lo más grave en la historia de la existencia de la reforma procesal penal- a través de la falsificación de pruebas para acusar a quienes son públicamente defensores de la autonomía y la reivindicación del territorio que ha sido usurpado por el Estado Chileno, situación indesmentible y que ha sido imposible a lo largo de los años solucionar, por la nula disposición estatal y por las presiones constantes de gremios interesados económicamente en las tierras en disputa.

Jaime Huenchullan Cayul, werken de la conocida y estigmatizada Comunidad Autónoma de Temucuicui, es un dirigente que ha sufrido la persecución a lo largo de su vida, siendo objeto de ella en la Causa Huracán, en la que se probó que hubo una inoculación de pruebas falsas para acusar de terrorismo a los dirigentes detenidos. Aquí nos encontramos ante el caso donde una de las más importantes instituciones del Estado se involucran en uno de los hechos más graves luego de la vuelta a la democracia, poniendo en entredicho al Estado de Derecho y la fe en “lo público”, como lo son Carabineros y el Ministerio Público, instituciones que llevaron a cabo una disputa de responsabilidades, disputa que incluso las llevó a parapetarse para no permitir un allanamiento, una causa que aún no tiene fin, sanción ni sentencia, luego de las constantes suspensiones en tribunales a cinco años de los hechos.

Jaime Huenchullan Cayul ha sido perseguido por muchos años, y esa persecución no es personal, el mapuche camina de la mano con su familia y su comunidad, y su familia ha tenido que convivir desde siempre la violencia con la que el Estado ha decidido abordar el tema, con la militarización y los constantes y violentos allanamientos, situaciones en las que sus hijos desde muy pequeños han sufrido directamente la violencia institucional, la estigmatización, el discurso racista y constante de la ignorancia, y la intencionalidad directa de atacar la forma de vida que ellos defienden, la autonomía.

La semana recién pasada se vivió un hecho gravísimo, que se inserta enmarca en un contexto en que parte importante de los jóvenes de Temucuicui son perseguidos por distintos delitos, un contexto en que no forma parte del imaginario social ni público que un joven de Temucuicui pueda estudiar e ingresar a una universidad. Así las cosas, una de las hijas de Jaime Huenchullan ingresó a estudiar Derecho a la Universidad Católica de Temuco y, a menos de un mes de los normales días de estudio, fue detenida dentro del recinto universitario por cuatro personas vestidas de civil que la tomaron y esposaron mientras iba al baño de la universidad. Ella escuchó su nombre y sin más es privada de libertad, la razón: una supuesta orden de detención, una orden que no debía estar vigente, un “error” que se compara a los tantos “errores” y falencias que el sistema aplica contra el mapuche. Ya a su padre y a sus tíos se les ha acusado de terroristas cuando ella era niña, todos fueron absueltos, pero en el imaginario de Chile se conserva y alimenta una mirada sospechosa sobre la comunidad.

La situación descrita es de la mayor gravedad, y los efectos del constante hostigamiento que ella ha vivido los tendrá que evaluar un profesional. Lo cierto es que hoy no parece tan grave hostigar a una estudiante mapuche, porque se mantiene el racismo y la idea de que los mapuche forman parte de los “sospechosos de siempre”, negándoles la posibilidad de ser y de caminar libres, de que estudien sin ser mirados con el constante desprecio con el que la sociedad chilena, académicos y autoridades observa al pueblo mapuche, refugiándose en un silencio sepulcral – parecido a la complicidad- ante un hecho que debiera levantar al menos la indignación de quienes se dicen republicanos y respetuosos del estado de derecho.