Daniela, como muchas, vivió la falta de servicio del Estado cuando buscó ayuda. “Mi hermanita no pudo morir junto a sus hijos, el Estado le falló”, declara su hermana Pilar Siles González.
El cáncer es una de las enfermedades más complejas de sobrellevar, ya que afecta esferas físicas, psicológicas, nutricionales y sociales que en el caso de las mujeres se vuelven mucho más graves, ya que los hombres suelen además abandonar a las mujeres enfermas, sin tomar medidas que garanticen sus cuidados, ni mucho menos acciones para morir dignamente.
Daniela Soto González (37 años) vivió esta enfermedad como muchas mujeres chilenas, pero paralelamente, como víctima de violencia psicológica y económica por parte de su pareja.
Su historia comenzó con un diagnóstico de cáncer cervicouterino el año 2017 mientras Daniela vivía en la ciudad de Los Ángeles, donde vivió con su pareja y sus 2 hijos por casi 20 años. El 19 de octubre de 2021 debió trasladarse momentáneamente a Temuco por razones de salud y cuidados: su familia materna vivía en Temuco y solamente este hospital podría tratar adecuadamente su enfermedad.
Ahí estuvo 6 meses hospitalizada, en coma y con respirador artificial; y cuando en marzo 2022 la envían a domicilio (con hospitalización domiciliaria) le indicaron un diagnóstico lapidario: “paciente terminal”. Ella al enterarse, solicitó a los médicos de cuidados paliativos el traslado médico a su ciudad de residencia (Los Ángeles), sin embargo, su pareja no sólo le negó el acceso a su hogar, sino que además le negó su último deseo: morir en su casa junto a sus hijos, en su hogar.
Frente a estos hechos, Daniela recurrió al Centro de la Mujer (organismo del SERNAMEG, dependiente del municipio) para orientación jurídica en su condición de víctima, de abandono y tras una historia de abusos psicológicos; preocupada además por sus hijos que, sabiendo el diagnóstico de su mamá, también necesitaban y querían estar junto a ella.
La respuesta del Centro de la Mujer fue clara: que no había ninguna forma de ayudar, pues Daniela “nunca se casó”; misma respuesta que le dio Carabineros cuando ella quiso volver a entrar a su casa a sacar las pertenencias que había comprado durante toda su vida; que “no podían hacer nada, que la casa estaba a nombre de él, que ella no podía ni siquiera entrar”.
Desde ese momento, Daniela y Pilar comenzaron a buscar ayuda por todos los medios; amistades, redes sociales y organizaciones de mujeres, pidiendo reuniones con diversas autoridades locales y nacionales sin obtener soluciones. En ese peregrinar, llegaron a la Defensoría Feminista, desde donde se insistió en la condición de Daniela ante tribunales de familia y se gestionaron derivaciones y reuniones con la Seremi de la mujer y otros servicios, pero ya era tarde. Daniela falleció el 21 de enero de 2023, sin sus hijos, lejos de su hogar y sin justicia.
Daniela, como muchas, vivió la falta de servicio del Estado cuando buscó ayuda. Así lo declara su hermana, Pilar Siles González: “mi hermanita no pudo morir junto a sus hijos, el Estado le falló”. Pero no es solamente la opinión de la familia, por cuanto luego de meses persiguiendo respuestas en la institucionalidad, con fecha 21 de marzo de 2023 al fin recibió por escrito lo que ya era evidente: la institucionalidad había abandonado a su hermana, teniendo la obligación de haberlas atendido.
Hoy como familia se encuentran en búsqueda de justicia, y en esa línea, han logrado un importante avance: la respuesta al reclamo N° 412392 —que hizo Pilar Siles— señala textualmente que “el servicio le aclaró a la Municipalidad de Temuco que los casos de Pilar y de Daniela, SÍ eran sujetas de atención y que el Centro de la Mujer de Temuco no actuó oportunamente ni técnicamente” y que ofrecerán todo su compromiso y celeridad como servicio para instruir al Municipio para que no vuelvan a ocurrir situaciones de esta naturaleza con ninguna otra Mujer.
Sin embargo al día de hoy, no ha habido determinación de responsabilidades por parte del municipio de Temuco ni de SERNAMEG, por lo que se encuentran estudiando las acciones legales que interpondrán contra todos quienes resulten responsables tanto en el estado como en el municipio.
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