En el marco del inicio del mes de noviembre -mes para la eliminación de la violencia contra las mujeres – la red de organizaciones feministas de la Araucanía que ha visibilizado a nivel nacional casos de alcaldes abusadores, inició lo que denominaron “el mes de activismo contra la violencia institucional y en los municipios”, donde llevarán a cabo diversas acciones para visibilizar y concientizar a la comunidad sobre la importancia de erradicar criminales sexuales, abusadores y acosadores de cargos públicos, especialmente municipalidades, entre otros temas.
En ese contexto hoy, organizaciones y víctimas de ediles ingresaron un requerimiento a Contraloría, redactado por abogadas de ABOFEM y la DEFENSORÍA FEMINISTA– organizaciones parte de la red- donde solicitan un pronunciamiento jurídico en torno a la obligatoriedad de los municipios de respetar e implementar estándares internacionales de derechos humanos de mujeres, los que consideran obligatorios para el estado de Chile incluída la institucionalidad municipal.
Inicia el requerimiento: “actualmente existe un contexto de alta proliferación de discursos misóginos en autoridades regionales, como asimismo un abordaje sesgado, lento y estereotipado por parte de la institucionalidad y especialmente, por parte de los municipios de la región, que por acción u omisión están invisibilizando y naturalizando la violencia contra las mujeres. Adicionalmente, se vislumbran elementos constitutivos de violencia institucional debido a la omisión de búsqueda activa de responsabilidades administrativas por parte de los municipios, las concejalías e incluso la contraloría” , problematizando el hecho de que los municipios delegan “todo el trabajo a tribunales de justicia, quienes pueden establecer solamente la responsabilidad penal o laboral, quedando exenta la responsabilidad administrativa por no ser ésta perseguida por los órganos competentes”.
Ximena Salgado Kuwahara, de la Colectiva Llanca Newen de Victoria, señala “hemos visto como se ha normalizado en nuestra región la violencia institucional, y especialmente desde los municipios, situación que nos preocupa, ya que vemos como ediles políticos y políticas siguen invisibilizando estas situaciones ocurridas en nuestra región”.
En el documento, plantean que “se hace necesario operativizar urgentemente fórmulas de transversalización del enfoque de género a nivel municipal, por cuanto en los municipios de la región en general no existen ordenanzas, reglamentos ni protocolos idóneos que den respuesta al principio de protección de las funcionarias y derechos en general cuando son víctimas de violencia de género”.
Vivian Franco, de la Defensoría Feminista de Temuco indicó que “ninguna autoridad en ejercicio puede alegar desconocimiento de la grave situación de nuestra región; víctimas y feministas hemos tocado todas las puertas posibles proponiendo fórmulas concretas de seguridad humana con enfoque de género”. Y agregó “esta materia no sólo no está siendo abordada, sino que es frecuentemente invisibilizada por las autoridades nacionales y locales, normalización que en sí misma constituye violencia simbólica e institucional y contribuye a las altas tasas de impunidad con que gozan los abusadores que son funcionarios públicos”.
Rocío Luna, de la Asamblea Feminista de Cunco expresó que “como mujeres que hemos estado en diferentes roles, denunciando y acompañando a las víctimas, no seguiremos avalando esta falta de respeto por parte del municipio; los ediles electos deben velar por la seguridad de las comunas y de las personas, pero en esto es el mundo al revés”.
Las asistentes además señalaron “pedimos respetuosamente a los medios de comunicación evitar la violencia mediática, evitando replicar y reproducir declaraciones del imputado que acuñan sesgos y estereotipos y con las que sólo denigra y humilla a las mujeres vulneradas en sus derechos”.
Finalmente, apuntaron sus dardos a las concejalías de los bullados municipios que visibilizan: “esperamos que contraloría determine, entre otros temas, si es posible hacer valer responsabilidad administrativa en concejalías que abandonan su deber de fiscalización, especialmente ante casos de alcaldes investigados, formalizados, condenados y prófugos por casos de violencia de género”.
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