
Diputados de oposición de La Araucanía han llamado al Gobierno a darle máxima urgencia a un proyecto de ley que busca sancionar la usurpación de propiedades. Proyecto busca instalar un “Far West” en la región y el país.
El concepto de “far west” o “lejano oeste” está relacionado con una sociedad en la que las personas resuelven los conflictos por sí mismas, sin depender de instituciones legales. En el pasado, cuando los estados carecían de un sistema legal establecido, los individuos asumían la responsabilidad de administrar la justicia según sus propias interpretaciones. Esta autotutela implica que las personas resuelven directamente los problemas, sin la intervención del Estado.
En la Región de La Araucanía, diputados de derecha han llamado al gobierno a darle máxima urgencia a un proyecto de ley que busca sancionar la usurpación de propiedades. Su objetivo principal es combatir y prevenir la ocupación ilegal de tierras, protegiendo así los derechos de los propietarios legítimos. Para lograrlo, buscan establecer penas más severas para los usurpadores y ampliar el período de flagrancia para facilitar la detención de los ocupantes. Sin embargo, hay un artículo polémico que modifica el código penal y legaliza la legítima defensa contra aquellos que ocupen una propiedad.
“Lo que nos tiene que llamar la atención es que la violencia se está naturalizando en La Araucanía y no podemos aceptar eso. Para ello, tenemos que trabajar en leyes que sean muy duras respecto de situaciones de usurpación”.
Andrés Jouannet, diputado del Distrito 23
La postura del Gobierno respecto a este tema es que la aprobación del proyecto de ley fomentaría la justicia por mano propia. El ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y la ministra del Interior, Carolina Tohá, consideran que estas modificaciones van en contra de los principios fundamentales de una sociedad civilizada. El Gobierno argumenta que el Estado debe ser el encargado de resolver los conflictos a través de las fuerzas de seguridad y el poder judicial.
Por otro lado, parlamentarios de la comisión de Seguridad Pública respaldaron el proyecto y lo consideraron urgente, enfatizando la importancia de respetar el Estado de Derecho. Aunque el Ejecutivo esperaba que se aprobaran sus indicaciones, todas fueron rechazadas y se impusieron modificaciones propuestas por parlamentarios de Chile Vamos y Republicanos.
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