COMUNICADO PÚBLICO

El Consejo de Antropólogas y Antropólogos de la región de la Araucanía, por medio del presente documento, viene a expresar su preocupación frente a la inminente seguidilla de hechos que demuestran el incumplimiento de la normativa internacional vigente en Chile, en relación al trato adecuado que debe tener el Estado con los pueblos indígenas.

Como profesionales formados disciplinarmente para analizar en profundidad las manifestaciones y dinámicas socioculturales que experimentan las sociedades complejas y los contextos interculturales, tal es el caso de la sociedad chilena, llevando décadas abordando la relación entre los pueblos indígenas y los estados nacionales de América Latina, identificamos que en la actualidad Chile, además del incumplimiento de la normativa internacional vigente, presenta una profunda deficiencia en el ejercicio de la interculturalidad dentro de las instituciones del Estado, a pesar de que desde 1992, viene intencionando el desarrollo del enfoque intercultural en sus políticas públicas (programa de salud intercultural PROMAP: previo a la publicación de ley indígena, orientado por la OPS y el Convenio 169, el cual aún no estaba aprobado en Chile).

Hechos como la revocación de la medida cautelar del Machi Celestino Córdova y la aplicación de la Ley de Usurpaciones, entre otras medidas adoptadas por el Estado de Chile, son ejemplos que revelan una clara deuda en materia judicial con los pueblos indígenas, específicamente con el pueblo mapuche. Esta realidad evidencia una crisis estructural en materia de justicia social y derechos humanos para con los pueblos indígenas.

En cuanto al caso del machi Celestino Córdova, al analizar el fallo del 8 de enero de 2024, donde se revoca la medida cautelar de la Corte de Apelaciones de Temuco, se establece como argumento en su informe psicosocial, el no asumir una responsabilidad y/o culpa frente a los acontecimientos por los cuales fue condenado, omitiendo el punto de que ésta persona, siempre ha apelado a su inocencia, careciendo de validez argumentos como, el buen comportamiento y el cumplimiento de más de dos tercios de la condena encarcelado, por supuesto, sin considerar la dimensión cultural de lo que significa para una persona y su comunidad la condición de machi. Es preocupante como los poderes del Estado vulneran los derechos humanos de los pueblos indígenas y convierten los procesos judiciales en dispositivos políticos, realidad que se observa cuando el gobierno de turno se presenta como querellante para revocar el fallo de la Corte de Apelaciones y algunos agentes estatales de Santiago y la Araucanía, expresan opiniones personales a través de redes sociales, condenando el fallo de la Corte. Es inquietante, la cultura racista y colonial vigente en el actuar de las autoridades chilenas.

El otro caso que permite analizar la urgente necesidad de Interculturalización del Estado, es la Ley de Usurpaciones, promulgada el 21 de noviembre 2023. La creación de leyes generales invisibiliza las características socioculturales de las localidades, con ello, no hace una diferencia entre una usurpación de un bien particular común a las acciones de recuperación de un territorio reivindicado, proceso que responde a un contexto histórico de despojo y usurpaciones previas, a una problemática entre pueblos con desarrollos culturales distintos. Esta realidad no obedece al espíritu con el que fue creado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, vigente en Chile, ni a las Declaraciones Internacionales en materia indígena, herramientas que buscan resguardar los derechos humanos de los pueblos indígenas, como es el derecho a la tierra y el territorio.

Es fundamental contextualizar la reglamentación nacional a la efectiva normativa internacional vigente en el país, sin limitaciones, avanzar en el reconocimiento y verdadero ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas, reconocer la existencia de contextos interculturales, adecuar el sistema judicial, con ello, aplicar procedimientos pertinentes a nivel cultural, asegurar niveles de igualdad a través de leyes con mayores especificidades.

Es de conocimiento público, que el Estado de Chile ha iniciado un proceso de modificación del Sistema Penitenciario, liderado por el Ministerio de Justicia, con ello, se ha comenzado a aplicar el derecho a la consulta indígena, a este proceso han sido convocadas diversas organizaciones y entidades de la sociedad
civil, como familiares de presos políticos mapuche, iglesias y ONGs.

Como Consejo Regional de Antropólogas y Antropólogos de la región de la Araucanía, planteamos que este proceso se debe hacer más visible y realizar de acuerdo a la normativa internacional, sin aplicar limitantes, por sobre todo, se debe respetar el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas.

 

“Pensar que el colonialismo nos afecta solo a algunos, es parte de la ceguera que nos produce el propiocolonialismo” (Silvia Rivera Cusicanqui).

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