Por Lorena Alarcón Jacque, Directora Fundación Innova País.
El pasado 1 de septiembre, el Ministerio de Agricultura, en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, lanzó un nuevo concurso destinado a financiar proyectos de riego para pequeñas agricultoras en La Araucanía, con el objetivo de incrementar la participación femenina en los concursos de la Ley de Riego. A nivel nacional, este concurso cuenta con un monto total de 2 mil millones de pesos, de los cuales 500 millones están destinados a nuestra región. Sin embargo, cuando el mismo INDAP reporta que hay cerca de 200 mil usuarias, estas cifras resultan ser poco más que una burla para las mujeres rurales que día a día enfrentan los desafíos de la pobreza multidimensional y la inequidad.
Este tipo de iniciativas, aunque bien intencionadas, no solo son insuficientes, sino que también desvían la atención de los problemas estructurales que perpetúan la desigualdad. Repartir fondos tan flacos no es una política que pueda superar la pobreza multidimensional que afecta a las mujeres rurales, ni mucho menos acortar la brecha de inequidad que existe en este grupo. De hecho, estas iniciativas podrían incluso agravar las desigualdades, al crear una falsa ilusión de progreso mientras las condiciones de vida de las mujeres siguen siendo las mismas.
Desde una perspectiva feminista, es crucial preguntarnos si estas políticas realmente avanzan hacia la equidad de género o si simplemente perpetúan las barreras que enfrentan las mujeres, especialmente en contextos rurales. La equidad no se logra con concursos que, en su esencia, solo maquillan la superficie de problemas mucho más profundos. La verdadera superación de la pobreza y la inequidad requiere políticas públicas que reconozcan y aborden las raíces de estas desigualdades, garantizando derechos, seguridad y condiciones laborales justas para las mujeres.
Las mujeres rurales no solo enfrentan barreras económicas; también sufren limitaciones en su autonomía y acceso a recursos básicos como la tierra y la participación en la toma de decisiones. Iniciativas como este concurso, al no abordar estas desigualdades de raíz, corren el riesgo de consolidar un modelo de inequidad en lugar de desmantelarlo.
Es fundamental que replanteemos cómo se diseñan y ejecutan las políticas de género en el ámbito rural. La equidad no se logra con migajas en forma de concursos, sino con un compromiso serio del Estado para transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad. Necesitamos políticas públicas robustas y efectivas que no solo prometan, sino que realmente cumplan con la superación de la pobreza multidimensional y la brecha de inequidad que afectan a las mujeres rurales.
Es hora de dejar de lado los paliativos simbólicos y avanzar hacia una transformación profunda de las condiciones que perpetúan la desigualdad en el ámbito rural. Solo así podremos construir una sociedad en la que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades y derechos, independientemente de su contexto.
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