Tras la entrada en vigencia de la ley 21.643 el 1 de agosto pasado, Chile comenzó a transitar a paso firme en dirección a una cultura de respeto en el ámbito laboral. Esta ley, parte de una serie de nuevos cuerpos normativos que incorporan al ordenamiento jurídico nacional estándares de tratados internacionales como el Convenio 190 de la OIT y de la Convención de Belém do Pará, configuró – junto a la ley 21.675- un nuevo sistema de protección contra la violencia en el trabajo y de género en todas sus formas, que es inédito en la historia legislativa del país por cuanto integró y transformó demandas históricas del movimiento de mujeres y trabajadoras y trabajadores, en una ley obligatoria para todo el país. Hoy 1 de septiembre, es precipitado sacar conclusiones; pero es innegable una primera fotografía de cómo nos hemos comportado como sociedad frente a esta nueva normativa.
Necesario es volver a nombrar que esta norma es – y siempre será- un homenaje a Karin Salgado, Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS) quien abrumada por el acoso laboral que vivió en el Hospital de Chillán, se suicidó en el año 2019. Asimismo, también lo es también para Katherine Yoma, Albano Muñoz, y para muchos otros y otras quienes han experimentado y aún trabajan a diario en contextos de maltrato, menoscabo y/o sufrimiento.
En cuanto a las cifras públicas, la Mutual de Seguridad y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), informaron que durante el primer mes, recibió 2.233 denuncias de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional; de ellas, el 64% de las denuncias fué por violencia laboral directa, y el 36% por acoso sexual, violencia física y discriminación. Del total de denunciantes, el 70% corresponde a denuncias hechas por mujeres, y por actividad productiva el sector predominante es “servicios”. Asimismo, indican que entre las principales inquietudes – de empresas, servicios y trabajadores/as- está la necesidad de apoyo para “entender los conceptos de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo”, solicitando ejemplos concretos.
Nuestra región de la Araucanía no sólo no ha estado exenta de este tipo de situaciones; tristemente, lideramos las cifras de municipios con graves casos de vulneraciones de derechos a trabajadoras y trabajadores y, en particular, lideramos el ranking nacional de abusadores y acosadores en cargos públicos y municipales. Este contexto territorial, donde tanto la impunidad en materia administrativa como la lentitud de los procesos de la justicia ordinaria han desincentivando denuncias, se suma a un “clima político y discursivo” donde alcaldes y funcionarios de alto rango en servicios públicos se han sentido históricamente como “patrones de fundo”, disponiendo de trabajadores y trabajadoras y además de los recursos públicos como si fueran de su propiedad.
Ante esta realidad, la ciudadanía y las instituciones debemos hacer un esfuerzo conjunto. Por ejemplo, entidades como la Asociación de Municipalidades de la Araucanía están en el deber de exigir a sus asociados el cumplimiento irrestricto de la normativa vigente, además de informar a la brevedad a la ciudadanía si, por ejemplo, ¿los 32 municipios tienen sus reglamentos internos actualizados con la Ley Karin? ¿Las y los trabajadores municipales ya tienen claros sus canales de denuncia? ¿Se han implementado medidas preventivas efectivas? ¿Las alcaldías en ejercicio han facilitado los procesos de capacitación y denuncias, o los han entorpecido?. En cuanto al mundo privado obligado por esta ley, ¿Todas las empresas de la región ya modificaron sus reglamentos y dictaron su protocolo respectivo? ¿Todas las empresas de la Araucanía ya cuentan con su flujograma de investigación interna? ¿Qué entidades estatales fiscalizarán su cumplimiento? Y desde la ciudadanía en general , ¿Hemos entendido de esta ley? ¿Hemos sido responsables con su utilización? ¿Estamos realmente contribuyendo a mejores climas laborales en nuestros puestos de trabajo?
Desde las organizaciones feministas y de trabajadoras de la Araucanía, tenemos una legítima expectativa de comenzar a vivir una vida libre de violencia en el ámbito del trabajo; para ello, el año 2020 incluso propusimos una ordenanza municipal de igualdad de género – que nos hubiera adelantado bastante trabajo, pues tenía contenidos similares – y ahora nos encontramos impulsando nuevos reglamentos y protocolos municipales ad hoc en diversas comunas, que regulen y den bajada a estas dos nuevas leyes, a lo menos. Sin embargo, sabemos que para que esto sea una realidad, desde el estado, es necesario un compromiso mayor que está pendiente; es necesario el anuncio claro de una glosa presupuestaria suficiente, tendiente a asegurar la implementación de esta ley y, especialmente, de las instituciones que recepcionan denuncias, como la dirección del trabajo, la contraloría y tribunales.
A un mes de la Ley Karin, necesitamos que todos los sectores sociales y políticos renovemos nuestro compromiso tendiente a alcanzar una mejor convivencia laboral, colaborar en la erradicación de las violencias y, en específico, a activar los nuevos procesos de denuncia, reunir antecedentes, y en definitiva, no callar. Que esta no sea, como otras, sólo una ley en el papel, es responsabilidad de la sociedad en su conjunto.
Por Vivian Franco Palacios, abogada, Red Feminista de la Araucanía.
GIPHY App Key not set. Please check settings