OPINIÓN: Campamentos en Chile, el abandono estatal frente al auge mediático.

Por Esteban Godoy.

Hace algunas semanas hemos escuchado con frecuencia sobre la situación de los campamentos en nuestro país. No solo por los más de 1290 que existen a lo largo del territorio nacional o la magnitud en número de familias que los habitan – que bordea las 114 mil- ; tampoco por las condiciones de vulnerabilidad que sitúan un análisis desde el acceso a servicios básicos hasta la oportuna integración a la ciudad y sus oportunidades. Sino, más bien, por ser un nuevo blanco dentro de la materia de seguridad.

Es oportuno señalar que no se puede ignorar que existen muchos nudos no resueltos en temas de seguridad, donde se espera que las instituciones logren fortalecer una respuesta eficaz a los delitos mediante la prevención y la implementación de políticas efectivas que garanticen una respuesta adecuada a la problemática. Es aquí donde se abre paso a vincular y preguntarnos sobre el trasfondo mediático que se ha impregnado en torno a los campamentos, mediante una serie de declaraciones y titulares que sobrepasan los estigmas en torno a la delincuencia, los cuales prevalecen en tono de desprestigio e incluso despojan una larga trayectoria y lucha por la vivienda digna en el país y todo lo que ello conlleva.

Hemos visto a personajes públicos pedir la presencia del Estado frente a la delincuencia, y como se señaló anteriormente, es necesario no ignorar los problemas de seguridad, pero si tan solo descomponemos la problemática de fondo, esto se presentaría como un afán reactivo frente al escaso abordaje de la crisis de vivienda y ciudad que tiene larga data y donde ha faltado presencia y voluntad estatal para abordar el problema. Hemos visto cómo miles de familias no han podido habitar un lugar digno dentro de la ciudad, la llamada “formalidad”, sino, por el contrario, usar espacios donde crear un hogar y levantar los cimientos para un nuevo proyecto de vida que ha sido relegado o excluido de las acciones estatales.

A esto, se suma la llamada “doble discriminación”, la cual hace referencia a los estigmas que recibe específicamente la población migrante que habita en las tomas. En primer lugar, sólo por el hecho de habitar en ellas y, por otro lado, por el vínculo delictual que resaltan los medios de comunicación con su presencia en campamentos sin presentar un panorama claro de la situación de la población migrante en temas de vivienda y campamentos donde es necesario desmitificar, ya que según Techo solo un 6,2% de las personas migrantes que viven en campamentos en el país viene directamente a vivir a uno, resultado de trayectorias donde se ha obstaculizado el acceso a oportunidades como la vivienda.

Por lo expuesto, es necesario hacer un llamado a abordar los asuntos de seguridad de forma clara y sin caer en estigmas o discursos simplistas u obstaculizadores, de una situación como la profunda crisis de vivienda que requiere una lectura estructural de desigualdades, falta de oportunidades y justicia social. Hoy más que nunca se requiere una ciudad cohesionada que logre encontrar su cauce desde políticas efectivas y para ello se debe hacer frente a todo discurso populista, aún más frente a la “crisis de representatividad” que nos pone en alerta frente a las próximas elecciones.