Esta ley es grave, porque sanciona con cárcel la usurpación sin diferenciar los delitos de los llamados “loteos brujos” con las miles de familias que se ven obligadas a vivir en campamentos.
Indudablemente peligrosa, porque prohíbe al/la juez/a poder bajar o subir las penas de cárcel, lo que no permite considerar las condiciones previas a la toma, como la necesidad básica y extrema de su uso ante la falta de una vivienda.
Es una ley que, además, reproduce la violencia porque exime de toda responsabilidad a quienes utilizan la fuerza para desocupar sus terrenos. Esto, a través de una presunción de inocencia. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad institucional ante la seguridad de la que tanto han hablado y la crisis de la vivienda y la ciudad de la cual ninguno se ha hecho cargo?.
En este sentido, si bien la propuesta exime a las familias de campamento catastradas por MINVU hasta el año 2022, si se realiza una comparación con las cifras entregadas por el catastro de TECHO del mismo año, quedarían sin protección cerca de 40.000 familias. Considerando, además, que es una ley reactiva que sanciona el acto sin tener en cuenta que son más las familias que entran que las que logran salir de campamentos.
Finalmente, es necesario enfatizar en que no se niegan por ningún motivo los delitos de propiedad ni las ventas de terrenos ilegales, pero si es necesario poner márgenes y no vendarse los ojos ante la crisis de la vivienda y el nulo sostén que tienen las familias en Chile, no se puede pretender someter a una condena sin distinguir la inminente situación del país, que sufre las alzas más históricas desde 1996 en torno a familias viviendo en campamentos.
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