Fue el pasado 9 de abril que se publicó en el Diario Oficial la resolución exenta N°162 del Ministerio de Agricultura que pretendía, por un lado, reconocer la existencia de semillas tradicionales y establecer orientaciones al efecto; pero además que el Ministerio de Agricultura fuera la entidad encargada de regular “la cantidad de semillas” que podría ser intercambiada, como asimismo el encargado de “enrolar” o hacer una lista de Guardadoras y Guardadores de Semillas Tradicionales.

Desde su publicación, se generaron diversas reacciones entre mujeres huerteras, el mundo campesino y especialmente en comunidades indígenas. Así, por ejemplo, desde la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas indicaron en un comunicado que “…La resolución contiene elementos que agreden o permiten agredir de manera grave los sistemas campesinos e indígenas de uso, conservación, reproducción e intercambio de semillas. Por ejemplo, nos parece grave que el Ministerio de Agricultura se arrogue el derecho a normar las cantidades a ser intercambiadas, puesto que éstas son y han sido determinadas por generaciones por quienes participan en estos intercambios…”.

El estándar legal vigente para que el estado chileno adopte este tipo de medidas, es ampliamente conocido por las autoridades nacionales y puede resumirse en palabras del el ex Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, quien señaló que “el deber de los Estados de celebrar consultas con los pueblos indígenas y los principios conexos han surgido para poner fin a modelos históricos de decisiones que se han impuesto a los pueblos indígenas y a condiciones de vida que han amenazado su supervivencia. Al mismo tiempo, los principios de consulta y consentimiento no confieren a los pueblos indígenas un derecho a imponer unilateralmente su voluntad a los Estados que actúan legítimamente y de buena fe en bien del interés del público. Los principios de consulta y consentimiento están más bien encaminados a evitar que se imponga la voluntad de una parte sobre la otra y a que, en lugar de ello, se procure llegar a un entendimiento mutuo y adoptar decisiones por consenso…”.

Ante la presión social que ejercieron huerteras, asociaciones y comunidades, el día de ayer – 8 de mayo- el Ministerio de Agricultura emitió un comunicado público en sus redes sociales, anunciando que dejarían sin efecto dicha resolución antes de que comenzara a implementarse. El comunicado indicaba: “El ministerio de Agricultura ha resuelto dejar sin efecto la resolución exenta N°162 que reconoce la existencia de semillas tradicionales y establece orientaciones al efecto, con el fin de analizar con mayor profundidad la pertinencia de realizar una consulta indígena…”.

Ante este retroceso del gobierno, la Agrupación Nacional de Huerteras por la Defensa de la Semilla emitió el siguiente comunicado:

“Ante la opinión pública, los medios de comunicación y para todos quienes siguen las redes sociales para informarse. Venimos como Huerteras por la defensa de las semillas a expresar que, el comunicado emitido por el ministerio de agricultura el día de miércoles 08 de mayo, nos da la absoluta razón en cuanto a exigir, amparadas en el convenio de la OIT 169, la CONSULTA LIBRE PREVIA E INFORMADA, herramienta que este y todo gobierno debiese usar cada vez que quiera tomar decisiones respecto a algo tan trascendente para nuestras vidas, como la semilla y todas sus prácticas y manifestaciones asociadas como en este caso el trafkintü.

Este actuar egoísta y de poca humanidad, ha dejado en evidencia la INCAPACIDAD E INCOMPETENCIA del actual ministro de agricultura y sus asesores, puesto que contra todo el espíritu que decían representar, presentaron una norma inédita en la historia legal de nuestro país, la que perjudicaba de forma directa y agresiva aspectos tan relevantes de nuestra vida, tanto del mundo huertero RURAL Y URBANO, con la intención innegable de DIVIDIRNOS RESTRINGIRNOS, LIMITARNOS Y CONTROLARNOS, en nuestra esencia y practica ancestral de INTERCAMBIAR, COMPARTIR, RESGUARDAR Y PROMOVER nuestras semillas tradicionales, que han mantenido a nuestros pueblos históricamente, en plena AUTONOMIA y LIBERTAD, en cada uno de nuestros espacios y territorios, este anuncio que esperamos sea prontamente oficializado, nos deja contentas y contentos porque este proceso, contrario a lo que seguramente esperaban, logró que la sociedad civil apoyada por nuestras AUTORIDADES ANCESTRALES, LIDERES DE OPINION Y PROFESIONALES VALIENTES nos uniéramos en una voz fuerte y clara de DESCONTENTO Y RECHAZO ABSOLUTO A ESTA NORMA.

Esperamos que se entienda que para nosotras y nosotros las semillas ancestrales o tradicionales deben seguir siendo LIBRES, PÚBLICAS Y COLECTIVAS y a estas alturas, debiesen ser consideradas como PATRIMONIO DE LOS PUEBLOS Y LA SOCIEDAD EN GENARAL, porque de ellas depende la vida de todas y todos.

El pueblo huertero RURAL Y URBANO, exige PARTICIPAR de este tipo de discusiones que afectan directamente su derecho, su integridad y su calidad de vida, no necesitamos representaciones autonombradas que no estén ligadas real y lealmente a las bases y que no nos representan. Tenemos voz y opinión y somos, además, fundamentales en la producción de alimentos para la sociedad nacional y en la preservación y cuidado de la biodiversidad agroalimentaria y no nos sirven los reconocimientos, si estos finalmente terminan en artículos y leyes que no hacen más que perjudicarnos. Exigimos intercambios de semillas libres para toda la sociedad, listados de semillas reconocidas como libres, públicas y colectivas, protegidas de derechos de propiedad intelectual, fomentar huertos escolares, comunitarios y establecer semilleros comunitarios de administración independiente, no con corporaciones que sabemos que son parte de quienes armaron esta norma.

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