Tras denuncias de víctimas y organizaciones feministas del sur contra la AMRA, se destapó que existen más de 9 casos de acoso laboral y violencia de género en la municipalidad de Collipulli, incluida una querella por delito sexual en las dependencias del municipio.
COLLIPULLI A los hechos de normalización de la violencia institucional y simbólica en la región de la Araucanía que efectuó la AMRA – asociación regional de municipalidades de la Araucanía- al elegir en su nuevo directorio a 4 ediles con antecedentes de violencia sexual y de género, hoy se sumaron nuevas aristas del caso, al conocerse a través de una entrevista en La Voz de los Que Sobran nuevos detalles de casos donde se estarían vulnerando derechos de mujeres desde la Municipalidad de Collipulli.
En palabras de la concejala de Collipulli Carolina Valenzuela, a la fecha existen al menos 9 denuncias o tutelas laborales en el juzgado laboral de Collipulli, todas efectuadas por funcionarias de altos cargos dependientes del alcalde Manuel Macaya y todas quienes acusan diversos grados de acoso y malos tratos. La autoridad comunal además, se sumó a los cuestionamientos de las organizaciones feministas de la región cuyos dardos apuntan a contraloría, institución que estiman no se encuentra ejerciendo su rol fiscalizador en este tipo de casos.
En cuanto a la víctima de violencia sexual en dependencias de la Municipalidad, esta acusó haber realizado la denuncia inicialmente en la municipalidad, sin que se diera curso a ninguna acción y sin haber recibido ninguna acción de apoyo ni resguardo, por lo que finalmente ingresó por sus medios una querella criminal, a la que además se hizo parte SERNAMEG el día de hoy.
La directiva de AMRA está integrada por Manuel Macaya, alcalde de Collipulli en su calidad de vicepresidente, quien se ha mostrado en redes sociales y conforme denuncian las autoridades comunales como férreo defensor de Daniel Valencia, su jefe de gabinete con proceso en curso por violencia sexual en dependencias de la Municipalidad, y a quien suspendió de sus funciones apenas un mes.
Este escándalo municipal ocurre precisamente en un contexto de alta proliferación de discursos misóginos desde los representantes políticos y especialmente desde Consejeros Constitucionales, que están invisibilizando y naturalizando la violencia contra las mujeres y buscando vía enmiendas suprimir derechos en torno a la educación en igualdad y derechos sexuales y reproductivos, instalando discursos para controlar el cuerpo de las mujeres y en definitiva, negando derechos bajo la excusa de los supuestos valores tradicionales.
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