Hasta las dependencias de la Contraloría Regional de la Araucanía llegó el día de hoy la Concejala de la comuna Carolina Valenzuela Muñoz, junto a víctimas de acoso laboral y violencia institucional y apoyadas por representantes de la Red de Organizaciones Feministas de la Araucanía, a fin de hacer ingreso de una solicitud al Sr. Marcello Limone, Contralor Regional, acusando una verdadera “cultura de la impunidad de parte de los alcaldes de la región” señaló.
En su solicitud requiere que la entidad de control se pronuncie sobre los casos de violencia de género que acusan funcionarias del Municipio en contra del edil de la comuna de Collipulli, Manuel Macaya y que ponga término a los sumarios administrativos en contra de 3 directivas de esa casa edilicia instruidos por el mismo Sr. Macaya.
DENUNCIAS POR HOSTIGAMIENTO A FUNCIONARIAS.
El municipio acumula 10 demandas por vulneración de garantías constitucionales deducidas por funcionarias de la casa edilicia. Los casos se remontan desde el año 2022 a la fecha y existen nuevos antecedentes que son los que la concejala hace llegar a Contraloría.
En el caso de la directora de control interno, Lorna Sanhueza Gutiérrez, ha presentado 2 tutelas laborales en contra del Alcalde y obtuvo en el mes de marzo de 2023 una medida de protección por el juzgado laboral de Collipulli; la medida de protección consiste en trabajo telemático. Pero además, la aludida funcionaria obtuvo además, su declaración de enfermedad de origen profesional por la SUSESO, por lo que al día de hoy se encuentra con reposo laboral. Este antecedente – señala la concejala-es más que suficiente para que la Contraloría inicie una investigación en contra del edil, sobre todo porque se trata de una funcionaria que fiscaliza al alcalde y de dependencia técnica del Sr. Limone.
En el caso de Sandra Solorza Villarroel, ex trabajadora del departamento de educación Municipal quien acusó actos de hostigamiento en contra de su ex jefe directo Sr. Mario Tapia, el Municipio pagó la suma de $ 27.000.000 para que los hostigamientos no se ventilaran en tribunales. La concejala manifiesta su preocupación por el hecho de que una funcionaria no sólo acuse actos de hostigamiento, sino que además tenga que auto despedirse y el municipio le pague millones sin que se determinen las responsabilidades administrativas.
SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE DIRECTIVAS.
Una segunda arista que se solicita se resuelva, es el de las 3 directoras que denunciaron irregularidades en el Municipio y recibieron como respuesta sumarios administrativos y suspensión preventiva de sus funciones. Las funcionarias municipales son : la Directora de Administración y Finanzas, Mabel Llanos Riquelme; Directora del Departamento de Salud, Pamela Escobar Hernández, Directora de Departamento de Salud y Paula García Lara, Directora del establecimiento educacional Víctor Duran Pérez.
Sobre este punto, señala la concejala que mediante dictamen E389570/2023, la contraloría concedió al Alcalde un plazo de 40 días para afinar dichos sumarios, plazo que el Alcalde no acató. Por otro lado, como ellas han sido suspendidas preventivamente de sus funciones, dichas suspensiones hoy irrogan al erario municipal el pago de montos superiores a los 100 millones de pesos en remuneraciones, por lo que solicita inicio de un juicio de cuentas o auditoria.
La abogada Vivian Franco, representante de la Red de Organizaciones Feministas Araucanía , reforzó la preocupación en cuanto a la falta de operatividad oportuna de todas las instituciones involucradas – fiscalía, ministerio público, municipios y contraloría- por cuanto señaló “no es posible que las mujeres tengan que esperar 5, 7 o 10 años para saber recién si se va a hacer un juicio o no contra sus agresores; eso ya no es justicia, es cultura de la impunidad”. “Las instituciones han dado una señal muy grave; que a las víctimas se les puede cuestionar por la tele, mientras que los violadores se escapan y se les sigue pagando sueldo”.
Finalmente se solicita un pronunciamiento formal y público de Contraloría, ya que frente a los actos de violencia de género hemos escuchado a autoridades del Ministerio Público, del Gobierno, como la Ministra del Interior, pero Contraloría guarda silencio, nadie da explicaciones a la opinión pública, en circunstancias que existen desprolijidades al interior de la contraloría en fiscalizar las denuncias de hostigamiento. Esto, acusa, ha generado una escalada de violencia y lo que ella denomina cultura de la impunidad entre los alcaldes.
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