Durante las últimas semanas circularon polémicas noticias relacionadas con la agenda de género de nuestro país, particularmente en lo que refiere a la violencia contra las mujeres. Por un lado, se condenó a pena máxima a Felipe Rojas por los delitos de violación con homicidio y aborto hacia Fernanda Maciel, luego de casi cinco años sin justicia. Por otro lado, el juicio que condenó a Martín Pradenas a 20 años de cárcel por los delitos de violación y abuso sexual hacia Antonia Barra fue sorpresivamente anulado. Pradenas aprovechó de declararse inocente, aún con las contundentes pruebas en su contra, y su nuevo bufete de abogados renunció espontáneamente, aplazando el nuevo juicio. Tal modus operandi fue repetido cuando Nicolás Zepeda, quien fue condenado a 28 años de cárcel por el femicidio de su exnovia Narumi Kurosaki, apeló el juicio y su equipo de abogados también abdicó.
Lo anterior son ejemplos del vaivén que ha tenido la lucha por dar fin a la violencia contra las mujeres a nivel institucional y judicial. Si bien algunos estudios dan cuenta de avances y aciertos en la jurisprudencia respecto al tratamiento de los casos que implican violencia y condiciones de género, estos ejemplos evidencian el estancamiento que puede tener un juicio cuando se responsabiliza o revictimiza a las víctimas, o cuando los inculpados poseen capital económico suficiente para limpiar su imagen pública y aplazar un juicio.
Sin duda no podemos sólo referir a situaciones desalentadoras. Reconocemos que el tratamiento de las noticias sobre femicidios ha mejorado. También ha habido avance en la promulgación de leyes con perspectiva de género, como la ley N°21.212 que amplía la tipificación del femicidio, la ley N°21.523 que protege a las víctimas de delitos sexuales, o el proyecto de ley ad portas de promulgarse, sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Sin embargo, los esfuerzos no se pueden agotar en materia legislativa. En lo que va del año se han consumado 10 femicidios. Y no es alentador ver que años anteriores el número es superior a 40. Por eso nos preguntamos ¿hacia dónde podemos direccionarnos para acabar con estas injusticias y disminuir estas cifras?
Invitamos a las personas a promover y mantener una “actitud vigilante” de los procesos políticos institucionales y no institucionales que se están dando, tanto en las leyes como en el barrio, en la justicia, en nuestros trabajos y en nuestras casas. Una actitud vigilante que ponga en sospecha toda nueva iniciativa, asegurándose que cumpla los parámetros de un enfoque de género, paridad, diversidad, reconocimiento de la violencia y las desigualdades de género y promoviendo propuestas transformadoras.
El actual proceso constituyente es uno de los espacios donde podemos expresar esta actitud vigilante. La paridad fue consagrada, sin embargo, no existieron cupos indígenas, y la derecha, cuyos principios conservadores desconocen las desigualdades de género, obtuvo la mayoría. Luis Silva (consejero constitucional republicano mayormente electo) ya declaró su oposición al reconocimiento del aborto como un derecho. No podemos olvidar que los derechos de las mujeres son siempre susceptibles a ser reprimidos; sólo el año 2022 la Corte Suprema de Estados Unidos
derogó el derecho al aborto.
Por estos ejemplos los movimientos sociales se preguntan si esta nueva constitución, presidida por pinochetistas, será acaso peor que la escrita en dictadura.
Finalmente, invitamos a direccionar nuestra actitud vigilante hacia todos los espacios donde sea necesario. Rescatamos la actitud de las movilizaciones universitarias feministas que actualmente en Temuco están paralizando los espacios por la violencia de género en sus universidades hasta que se concreten cambios, acabando con la impunidad de sus profesores y con la normalización de la violencia.
Por Catalina Osorio, Asistente de investigación del Proyecto ANILLOS ATE 22063- ANID
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